De manera similar a cuando estamos esperando a que se produzca la «fumata blanca» como señal de votación exitosa cuando se elige al nuevo Papa, los ciudadanos españoles estamos expectantes a que el Pleno de la sala tercera del Tribunal Supremo se pronuncie sobre las distintas incógnitas que existen respecto al Impuesto de las hipotecas y acabe, de una vez por todas, con la inseguridad jurídica y económica creada con su «ir y venir» en cuanto al tema de quien debe asumir el pago del impuesto derivado de la firma de un préstamo hipotecario.
La reunión del Pleno del TS empezó este lunes, se ha alargado todo el día de hoy y es probable que se lleve a mañana miércoles. Seguimos muy pendientes de si los magistrados interrumpen la sesión o si transciende alguna decisión. Los 28 magistrados del Tribunal Supremo siguen reunidos y sin tomar una decisión.
Mientras prosigue el debate en la sala tercera del Tribunal Supremo, vamos a repasar las tres mayores incógnitas a la espera de la resolución sobre el impuesto de las hipotecas.
La primera cuestión que deberán tratar los magistrados es quién debe pagar el impuesto: ¿Los bancos o los clientes? Si se ratifica la decisión de la nueva doctrina, las entidades serían pues quienes deben afrontar el pago del impuesto, que es de carácter autonómico y varía entre el 0,5% y el 1,5% en función de dónde se firme la hipoteca.
Hay tres posibles escenarios sobre este punto clave en el impuesto de las hipotecas:
1) Que se aplique a partir de ahora.
2) Que la retroactividad se fije en los cuatro últimos años, al no haber prescrito los ejercicios en el terreno impositivo.
3) Que se remonte hasta los quince años que fija la prescripción de deudas.
La segunda pregunta que deberán responder una vez los magistrados del Tribunal Supremo lleguen a una conclusión será si habrá retroactividad.
La tercera y última pregunta que deberán resolver será a quién se reclamará todo este dinero. En función de lo que se decida se deberá reclamar a Hacienda o a las entidades bancarias.
Con cuatro años de retroactividad, pasará por el ente público. Todo lo que vaya más atrás implicará a las entidades, previo paso por la justicia si no se establecen mecanismos para la devolución Si la decisión va por este lado, el sindicato de Técnicos de Hacienda calcula que otros 13,4 millones de contribuyentes podrían reclamar, con 25.657 millones de euros sobre la mesa. El cálculo se remonta a enero de 2003. En total, serían casi 15 millones de hipotecados y el monto 29.300 millones de euros.
El último escenario, con más retroactividad, se remonta quince años. Es el más improbable y supondría litigios entre entidades y contribuyentes, ya que se tendría que reclamar a los bancos si ha prescrito el plazo de Hacienda. En este supuesto, se estima un impacto de 2.300 millones de euros para la banca si es quien debe devolver el impuesto, tomando de referencia de junio de 2014 a junio de 2018. Un dato “aún manejable” para las entidades.
Desde los bancos dan por hecho que las hipotecas se encarecerán, ya que tendrán que hacer frente a un nuevo coste. Así, repercutirán al cliente ese coste en otros conceptos como la entrada u otro tipo de comisiones.
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